La implementación del PER en nuestros municipios rurales ha permitido, en primer lugar, que nuestros jornaleros pudieran tener acceso a un sistema de protección que se les había negado de manera sistemática hasta ese momento. El Plan de Empleo Rural les trajo ese sistema de protección en forma de SUBSIDIO AGRARIO. El acceso a éste supuso la posibilidad de que el jornalero adquiriera la dignidad como trabajador y pudiera garantizar unos ingresos básicos para el sostenimiento de su familia.
Ante la situación de crisis económica que estamos viviendo y el escaso trabajo que hay en el sector agrario, el PER resulta básico e imprescindible para nuestras zonas rurales, siendo necesario, además adoptar algunas medidas que refuercen la capacidad protectora y de garantía de renta que dicho plan tiene. En concreto, nos referimos a la necesidad de reducir el número de peonadas para poder acceder al subsidio, tal y como se ha hecho en otros momentos de dificultad en el sector agrario.
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